De: Daniela Alejandra Mendoza Valero – julio 2021 – AA –
Aun cuando no ha sido proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el candidato a la presidencia de Perú, Pedro Castillo, adelantó el viernes que el 28 de julio pediría al nuevo Congreso la instalación de una asamblea constituyente.
“El 28 de julio, iniciando el mensaje a la Nación, vamos a ponerle frente al Congreso el primer pedido del pueblo: que agende inmediatamente la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente para hacer con el pueblo la primera Constitución del pueblo”.
declaró Castillo tras una reunión que sostuvo con miembros del magisterio.
El anuncio de Castillo, en caso de ser proclamado presidente por el JNE, coincidiría con su juramentación como presidente y el bicentenario de independencia en el país.
El candidato hizo hincapié en la necesidad de hacer una Constitución digna:
“Regresemos a nuestras provincias para que el agricultor, el comerciante, el maestro, entre otros, participen en la convocatoria. La lucha recién comienza. El Perú necesita un cambio estructural”.
Aseguró que el cambio de Constitución es necesaria porque el pueblo no la hizo, y agregó que se debe tener una Carta Magna “con olor, color y sabor del pueblo”.
“El 28 de julio, no me voy a convertir en un mago para resolver todos los problemas que tiene el país porque la actual Constitución me tiene atado”, expresó.
Mientras tanto, el JNE sigue adelantando sus investigaciones sobre los recursos de apelación presentados por el partido Fuerza Popular (FP), de Keiko Fujimori, sobre pedidos de nulidad de mesas de sufragio.
La agencia Andina detalló que con lo resuelto el pasado martes por el JNE, son 27 los recursos de apelación presentados por Fuerza Popular que han sido declarados infundados en la máxima instancia electoral sobre los comicios del pasado 6 de junio.
De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), Pedro Castillo obtuvo 8.835.970 votos (50,125%) contra 8.791.730 votos (49,875%) de su contrincante, Keiko Fujimori.
Presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece ayuda solidaria al pueblo cubano.
La foto superior muestra la multitud que responde al llamado del gobierno de Cuba en La Habana el 11.7. por la defensa y la dignidad nacional.
Partidarios del gobierno se reúnen en el monumento a Máximo Gómez en La Habana, Cuba, el domingo 11 de julio de 2021. Los partidarios del gobierno salieron a las calles en el momento en que otros protestaban contra la escasez y los altos precios de los alimentos y exigiendo ‘libertad’. Blog de Orlando Centinel, Cuba. (Foto: Eliana Aponte/AP)
Pancartas por el movimiento revolucionario «26 de julio»
El Movimiento 26 de Julio (M-26-7) fue una organización activista, política y militar cubana creada informalmente en 1953 por un grupo liderado por Fidel Castro que atacó los cuarteles del ejército en Santiago de Cuba con el fin de dar inicio a la lucha armada para derrocar al dictador Fulgencio Batista. (Wikipedia).
En medio de una colapso civil en Colombia donde los pobres se rebelan, visita el comandante del Comando Sur de EE.UU. y el jefe de la CIA al país no para proponer soluciones, sino para instar a combatir el narcotráfico. Pero detrás del discurso se esconde el promover y planear la guerra contra la nación hermana y vecina: Venezuela.
En Colombia, el levantamiento comenzó el 28 de abril como una manifestación contra las reformas tributarias que se propusieron para llenar un vacío presupuestario que se había agravado durante la pandemia.
Protestas y acciones de una población que lleva más de un mes en rebelión contra un gobierno neoliberal que agrede a la población con todo tipo de violaciones a los derechos humanos.
Video publicado por:»El Jota». Prensa Alternativa del Perú. Foto superior (Reuters): Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú.
La ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva genera preocupación sobre la postura de Pedro Castillo frente a las presiones neoliberales.
Pedro Castillo ofrece ratificar a Julio Velarde en presidencia del Banco Central de Reserva.
“Por eso es necesario dar tranquilidad no solo económica, sino abrir las puertas para las grandes inversiones que tienen que darse en el Perú democráticamente”, dijo el candidato presidencial.
Pedro Castillo se dirigió a sus seguidores en la plaza San Martín. (Foto: Renzo Salazar / @photo.gec)
Redacción Gestión – Actualizado el 27/06/2021 07:13 a.m.
El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, ofreció ratificar a Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva (BCR).
En una breve intervención ante sus seguidores apostados en la plaza San Martín, señaló que es necesario darle tranquilidad económica al país y fomentar las grandes inversiones, pero con reglas claras.
“No somos chavistas, no somos comunistas, no le vamos a quitar sus propiedades a nadie. Es totalmente falso lo que se ha dicho anteriormente, eso está sellado, respetamos la gobernabilidad, la institucionalidad peruana. Seremos respetuosos de esta Constitución”, expresó.
“En ese contexto, pido al doctor Julio Velarde para que su trabajo sea permanente, coherente frente al BCR. Por eso es necesario dar tranquilidad no solo económica, sino abrir las puertas para las grandes inversiones que tienen que darse en el Perú democráticamente, con reglas claras pero eso sí, sin robarle un centavo a esta patria”, añadió.
El postulante de Perú Libre también remarcó que se “acabaron las riñas” e hizo un llamado a la “más amplia unidad” para enfrentar los diversos problemas que enfrenta el país, como la pobreza y las desigualdades.
“Hoy, desde este momento ya no hay vencedores ni vencidos, somos una sola familia, hoy el Perú primero, somos todos los llamados a encaminar un Perú con igualdad de oportunidades. Vamos a declararle la guerra al hambre, a la miseria, a la pobreza, a las desigualdades”, acotó.
Finalmente, saludó el papel que vienen cumpliendo las Fuerzas Armadas y pidió reconocer públicamente y aprender sus gestos de “lealtad y dignidad” con el país.
“Saludo también el papel que está cumpliendo el día de hoy las Fuerzas Armadas de esta patria, a la cual es necesario reconocer públicamente, es necesario, hay que aprender de ellos, ese gesto de lealtad y dignidad a la patria, por eso seremos respetuosos –en un gobierno nuestro- de que no serán manchados políticamente porque el Perú necesita también ordenar sus instituciones”, acotó.
Publicado por Deutsche Welle DW 11.4.2016 – RT 22. sep. 2017 – Hiperactiva Comunicaciones -27. nov. 2014 –
Cientos de miles de mujeres fueron sometidas a esterilizaciones forzadas bajo la presidencia de Alberto Fujimori en los noventa. Era parte de un programa contra la pobreza. Una afectada trata de convencer a otras mujeres para que luchen por sus derechos.
En el Perú de los años 90, durante el mandato del presidente Alberto Fujimori, se puso en práctica un programa destinado a controlar la natalidad. En el marco de este programa, muchas mujeres fueron engañadas y conducidas contra su voluntad a hospitales y otros centros de salud donde eran intervenidos y esterilizados. Actualmente, muchas víctimas de aquel plan se han organizado para exigir indemnizaciones por la violación de sus derechos.
Este documental presenta diversos casos de mujeres esterilizadas de manera forzada durante la dictadura de Alberto Fujimori, centra su atención en casos de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Piura. Asimismo, expone el estado actual del caso a nivel judicial y a nivel de desarrollo de políticas públicas de reparación. “Cicatrices del engaño” es una producción de Hiperactiva Comunicaciones con el apoyo de: DEMUS- Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y el CMP «Flora Tristán».
En este sentido el artículo 326 de la constitución venezolana indica que “La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar”.
Unión cívico militar en la defensa de Venezuela se concretó en 2008
Sin duda las acciones emprendidas por sectores populares y militares en abril de 2002 para derrotar el golpe contra Hugo Chávez promovido por EE.UU. y el empresariado venezolano, es un claro ejemplo de la unión cívica militar.
Desde el 11 al 14 de abril la movilización combinada de sectores civiles y militares lograron devolver al poder al líder de la Revolución Bolivariana.
La defensa de las instalaciones petroleras durante el paro empresarial de 2002, es otro de los momentos a destacar de la unión entre el pueblo y fuerza militar en defensa de los intereses del país.
Otro ejemplo de la unión cívico-militar en Venezuela fueron los hechos de 3 de mayo que logró destruir los planes terroristas orquestados por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, en medio de la pandemia que enfrenta hoy el mundo.
El despliegue cívico-militar y policial aplastó la pretendida incursión armada por las costas del estado de la Guaira, cuyo propósito era generar acciones violentas y de desestabilización en el país sudamericano, enfatizó el presidente Nicolás Maduro.
Al respecto, Maduro manifestó que la acción de las fuerzas armadas de Venezuela y los organismos de seguridad, con el respaldo del pueblo organizado, hizo posible la captura de 13 mercenarios.
La colaboración entre sectores del pueblo y militares ha quedado demostrada durante el periodo de cuarentena por la Covid-19, haciendo respetar las medidas de distanciamiento para evitar la propagación del virus.
El concepto de unión cívica militar es fundamental en el pensamiento chavista desde que se originó, posee sus raíces en la lucha independentista y popular del siglo pasado, desde que confluyeran factores sociales y militares en el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez.
Los golpes de Estado en América Latina siempre están en marcha. Cuando un gobierno rebasa la democracia meramente procedimental y avanza a la de justicia social, se aceleran procesos siempre latentes.
Las tensiones que desembocan en golpes duros o blandos giran en torno a tres factores: pueblos movilizados, oligarquías locales violentas al interior y sumisas a Washington, y el límite de lo que Estados Unidos está dispuesto a tolerar en cada país.
Más de 34 golpes de Estado se han ejecutado en 12 países de América Latina desde la segunda mitad del siglo XX. La mayoría se han consumado y sólo unos pocos han fallado ante la resistencia popular o la habilidad de los gobernantes en el poder. Los intereses de Estados Unidos en la región y la disputa entre oligarquías y sociedades movilizadas son detonantes de procesos que se activan y reactivan permanentemente.
De entrada, en América Latina los golpes de Estado sólo se ejecutan contra gobiernos de izquierda o progresistas. Y también, de manera generalizada, las derechas en la región siempre están propensas a solicitar, impulsar, apoyar o sostener intentos golpistas cuando se ven amenazados los privilegios de las oligarquías, coinciden politólogos, internacionalistas y latinoamericanistas consultados por Contralínea.
Por ello, las oposiciones de derecha a los gobiernos progresistas en Latinoamérica “no son oposiciones normales”; es decir, no se ajustan a lo que se espera de una oposición dentro de las definiciones convencionales del sistema político democrático.
Una democracia que trascienda la forma procedimental e impulse la inclusión de los amplios sectores históricamente postergados “no va tener una oposición normal; no va a tener una oposición que se someta a las reglas del Estado de derecho tal cual se esperaría en un libro de ciencias políticas”.
La advertencia es de la doctora en ciencia política por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdova (Argentina) Silvina Romano. Agrega que todo gobierno que intente alterar la estructura de la sociedad y avance en la inclusión económica, política, social y cultura de las mayorías, debe esperar la reacción de una oligarquía que no respeta las reglas y que actúa fuera de la institucionalidad, aunque se diga “respetuosa” de las instituciones.
Posdoctora por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por el Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Cultura y la Sociedad del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (Conicet) de Argentina, Silvina Romano ejemplifica con los casos recientes de Bolivia, Ecuador y Argentina, países que buscaron generar una nueva institucionalidad de justicia social y que, sólo por ello, exacerbaron las tensiones históricas en sus respectivas sociedades. En este caso inscribe a México con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Aclara que este tipo de procesos no se reducen a una disputa entre los gobiernos y las oposiciones de derecha. También la confrontación ocurre al interior de los propios gobiernos, porque las instituciones no se renuevan de un día para otro. Sucede que gran parte de quienes integran los propios gobiernos progresistas mantienen vínculos con las elites. Algo imposible de evitar porque no se pueden renovar las instituciones echando a todos los que las integran y nombrando nuevos. Entonces, al interior de los propios gobiernos “hay un tire y afloje de cómo ir avanzando”.
Silvina Romano, investigadora y coordinadora de la Unidad de Análisis de Estados Unidos y América Latina del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), señala que la oposición a los gobiernos progresistas se encuentra también siempre en Estados Unidos. Desde allá opera mediante actores políticos, medios de comunicación y organismos como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés).
Los embates que se dirigen desde ese país explotan los problemas que viven los gobiernos progresistas en América Latina y magnifican sus desaciertos. Lo irónico es que la complicada situación de las naciones es resultado de las políticas estadunidenses.
Jorge Retana Yarto, primer director de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional (Esisen) del actual gobierno mexicano, advierte que cuando Estados Unidos decide debilitar y derrocar un gobierno, el trabajo es de sus agencias de inteligencia, tanto las que operan desde el propio territorio estadunidense como las que se encuentran en el extranjero.
Los manuales son, incluso, conocidos. Y el guion se ha seguido en, al menos, una docena de países de América Latina desde la segunda mitad del siglo XX, la mayoría con éxito y otros que se han quedado en el intento. La puesta en marcha de los golpes, duros y blandos, se ha observado en Chile, Guatemala, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Honduras, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Panamá. Varios de esos países, en más de una ocasión.
Evo Morales, ex-pdte. de Bolivia.
Silvina Romano, por su parte, ejemplifica con la campaña actual contra México, por la violencia que se generó con la supuesta guerra contra las drogas y la securitización de las fronteras. De pronto se le achaca toda la responsabilidad al gobierno actual, señala. Y a quienes desde Estados Unidos lanzan una narrativa de condena “se les olvidan los 13 años de la Iniciativa Mérida, donde se organizó a toda la fuerza de seguridad no solamente con respecto del narcotráfico, sino con respecto de la migración”.
El plan de Estados Unidos para México y Centroamérica no se ha reducido sólo al impulso del libre mercado, explica. Parte sustancial ha sido la securitización de las sociedades. Para ello se ha valido de una supuesta guerra contra el narcotráfico que sólo ha generado más narcotráfico, violencia y ruptura del tejido social.
Silvina Romano, con líneas de investigación en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y crítica a la asistencia para el desarrollo, señala que el gobierno de Joseph Biden reconfigura la política hacia la región pero mantiene la presencia del Comando Sur de sus Fuerzas Armadas y de organismos como el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) y la agencia antidrogas (DEA, por sigla en inglés). Estás últimas, sobre todo mediante programas de entrenamiento.
Lo nuevo de la administración de Biden es que trata de “hacer una especie de mutación de la estrategia antinarcóticos a la guerra anticorrupción: se va a operar desde una fachada de aparente poder blando utilizando el poder duro”.
La lucha contra la corrupción en América Latina, como se concibe en Estados Unidos, implica una vigilancia de los gobiernos de la región. Y se califica más la instauración de instituciones que garanticen la fidelidad a la democracia estadunidense que a la equidad y la justicia social.
“Cómo vas a generar una institucionalidad sana, menos corrupta, si tienes a más de la mitad del país metida en la pobreza. Qué idea de justicia es esa. Se trata de una noción de justicia atada a ciertas estructuras procedimentales que en términos teóricos son muy interesantes; pero aplicadas en sociedades donde la corrupción es consecuencia de años de miseria, marginalidad, violencia.”
Silvina Romano, también especialista en subdesarrollo y dependencia en América Latina, explica que el gran problema de los países de América Latina es precisamente las relaciones de dependencia que han establecido con Estados Unidos. Sólo ha conseguido generar economías exportadoras y maquiladoras que no tienen ningún tipo de proyección ni posibilidades de desarrollo.
Jorge Retana Yarto, economista, maestro en finanzas y especialista en inteligencia para la seguridad nacional, señala que las campaña de desprestigio y debilitación contra los gobiernos progresistas en América Latina nunca vienen aisladas. Se acompañan de otros frentes igualmente importantes.
En los golpes de Estado que se han realizado en la región, el sabotaje económico ha sido fundamental. En Chile, por ejemplo, luego del triunfo de Salvador Allende, se llegó a falsificar papel moneda para meter a la economía en el caos. Asimismo, se retiraron capitales del país y se mantuvo una presión sobre el peso chileno para devaluarlo.
Más recientemente, en el caso del intento de golpe blando contra Cristina Kirchner en Argentina, se mantuvo un ataque sistemático contra la moneda y una Corte estadunidense ordenó pagar deuda en condiciones desventajosas. Y la andanada se ejecutó desde el exterior y desde el interior del país, explica Retana Yarto.
Silvina Romano, por su parte, considera que en el gobierno de López Obrador sí se tiene clara la situación, pero es imposible en estos momentos que pueda desligarse de la relación económica de subordinación con Estados Unidos ni de la política migratoria impuesta desde ese país.
Sí hay avances en la nueva relación de México con el sur del Continente. “Abiertamente dice: ‘Nosotros somos América Latina’”. Y lo ha demostrado con el papel del gobierno mexicano ante el golpe de Estado ejecutado contra Bolivia y con los acuerdos que está generando con Argentina y que probablemente hará con Cuba.
“México es el gran país de América Latina. Sabemos la historia de América Latina y México puede ser el timón”.
Al respecto, el doctor en Estudios Latinoamericanos John Saxe-Fernández señala que la llegada de López Obrador al Poder Ejecutivo mexicano fue vista con esperanza por todo el Continente. “Un gran suspiro fue lo que se sintió en América Latina con la llegada de un gobierno que empezó por articular el interés público nacional de México”.
El investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dice que ya “hay líneas que están juntándose” entre México y países de América Latina. “Hay un proceso de multilateralización de las relaciones económicas, políticas y culturales”, pero avanza lentamente. “México necesita una diplomacia todavía más activa que la que se está realizando. Necesitamos más fuerza, más relación, más multipolarización”.
Catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e investigador adscrito al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la misma universidad, advierte que México debe lidiar con una herencia de 36 años de gobiernos neoliberales: “un ahogo en Estados Unidos”. Señala que no será fácil deshacerse del tratado económico que firmó con los países de América del Norte. “Ahora Tmec [Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá], son leyes porque son tratados. Es una herencia brutal que tenemos.”
Agrega que, con el tratado, Estados Unidos compró a México los ejes de acumulación del país: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Por ello las “reformas estructurales” de los 2 sexenios pasados y la disputa actual generada por intentar dar un rumbo distinto a las dos empresas productivas del Estado mexicano, tienen al país con “problemas muy graves”.
Que América Latina sea históricamente escenario de golpes de Estado tiene que ver, en primer lugar, en que hay sociedades movilizadas. Los gobiernos progresistas no llegan de la nada. Detrás de sí hay mucha gente reclamando justicia. Precisamente por eso llegan los gobiernos progresistas, explica Silvina Romano.
Coincide John Saxe-Fernández. Autor de 23 libros, entre ellos, La compraventa de México (Plaza y Janés 2002, 2006) y Terror e Imperio (Random House 2006): en la región siempre “hay una demanda popular por justicia social, salud, educación, por el derecho a la alimentación. América Latina es la región con mayor polarización en el mundo”.
Por su parte, Silvina Romano, politóloga y latinoamericanista, explica que la dependencia de las naciones de la región no es resultado de sociedades sumisas. Por el contrario, son pueblos en constante movilización en lucha por justicia social.
La sumisión clara es la de las elites, agrega. Son grupos dominantes a nivel interno, pero son dependientes y sumisas a los países centrales; son elites que no tienen ningún poder de negociación. “Ahí sí está la sumisión”. Viven de América Latina, pagan pocos impuestos y es “fácil que se articulen con poderes fácticos del exterior”. Necesariamente de Estados Unidos, donde estas elites tienen vínculos institucionales, personales, de redes sociales y familiares desde hace décadas.
Señala que los golpes de estado se aceleran cuando los proyectos que se apartan en mayor o menor medida de la hegemonía estadunidense comienzan a tener éxito y pueden ser vistos como ejemplo a seguir. Es entonces cuando “se articula una serie de medidas desde dentro y desde fuera” contra los gobiernos progresistas. Pero es un hecho que siempre está involucrado, directa o indirectamente a Estados Unidos.
Al respecto, John Saxe-Fernández, también maestro por la Washington University, está de acuerdo en que, por su vecindad con la región, Estados Unidos siempre es un factor presente en cualquier golpe de Estado en América Latina: “Tenemos ese lastre histórico que tiene que ver con los efectos de la expansión estadunidense y a formación de clases en América latina”.
Silvina Romano abunda en que no siempre llegan hasta el golpe de Estado en sí, blando o duro. Se pone en marcha y probablemente, antes de que se consume, el gobierno progresista sea controlado o se le obligue a rectificar. Hay sanciones económicas, pero operan con demostrado éxito otros mecanismos que se aplican sistemáticamente.
“Junto a la presión económica está la presión política, diplomática y mediática. Operan a través de una red institucional que tienen forjada desde la Guerra Fría. Organismos como la DEA tienen vínculos con ‘voces expertas’ que, a su vez, tienen vínculos con medios de comunicación muy importantes en Estados Unidos que se replican en América Latina.”
Dependiendo de la situación de cada país, esta red institucional puede tener éxito de manera casi inmediata en la generación de consensos entorno a determinados gobiernos. Silvina Romano aclara que los medios de comunicación no hacen nada solos. Y son, antes que un golpe, estrategias de desgaste.
Pero esta desestabilización política se acompaña de otra de tipo económico. “Nuestros países están atados a préstamos, inversiones que lleguen, a los centros financieros”. Por ello, por ejemplo, en México no haría falta que se tomara el Zócalo. Bastaría con que se deslegitimara el gobierno.
Además, de todos los países de la región, México es el país donde menos sería necesario concretar un golpe duro.
“México es considerado parte del territorio estadunidense. No hay necesidad de hacer un golpe de Estado cuando las agencias de Estados Unidos son las que dicen cuáles son los programas de estudio que se tienen que poner en las facultades de derecho de México, por ejemplo”. Explica que, en términos políticos y hasta constitucionales, agencias de Estados Unidos han ocupado México a través de ciertas instituciones.
“No me imagino al Departamento de Defensa con un operativo encubierto en contra de México, porque no hace falta. Eso es lo más triste. Lo que sí hay es que la derecha mexicana le pide ayuda a ciertas agencias para desestabilizar el gobierno de López Obrador. Eso ha sido parte del golpe blando en América Latina. Hay documentos desclasificados de empresarios que viajan a Estados Unidos a pedir ayuda.”
—Estados Unidos no apoyaría fácilmente un golpe de Estado en México; pero ¿hay algún límite que no esté dispuesto a tolerar y, entonces sí, considere que debe hacerse? –se le cuestiona.
—Sí, la nacionalización de los recursos –responde de inmediato–. Esa es la línea. En energía, petróleo, tierras y aranceles está lo que Estados Unidos no puede tolerar.
Para John Saxe-Fernández en México hay una oposición presta a lo que sea para echar del poder a López Obrador. De hecho, estuvo operando desde antes de que asumiera la Presidencia. Que la USAID financie al grupo político-empresarial que se opone al actual gobierno mexicano no es una casualidad. “No espero nada bueno de esas gentes. Recibir dinero de la USAID es hacerle el juego a Estados Unidos, algo que hemos visto de manera consistente en la derecha latinoamericana”.
Selección de golpes de Estado, blandos y duros, en América Latina
Año
País
Suceso
1954
Paraguay
Golpe contra el presidente Federico Chávez por parte de las Fuerzas Armadas. Asume el dictador Alfredo Stroessner
1954
Guatemala
Comprobada la participación de la CIA en el golpe de Carlos Castillo contra Jacobo Árbenz
1955
Argentina
Eduardo Lonardi encabeza derrocamiento de Juan Domingo Perón
1956
Honduras
Asume el poder una Junta Militar
1958
Venezuela
Wolfang Larrazábal encabeza derrocamiento contra Marcos Pérez Jiménez
1960
El Salvador
Apartan de poder a José María Lemus
1962
Argentina
José María Guido aparta del poder a Arturo Fondizi
1962
Perú
Ricardo Pérez Godoy derroca a Manuel Prado Ugarteche
1963
Honduras
Golpe contra Tamón Villeda Morales
1963
República Dominicana
Miguel Atila Luna y otros encabezan golpe contra Juan Bosch para instalar un Triunvirato
1963
Ecuador
Junta Militar aparta a Carlos Julio Arosemena Monroy
1964
Brasil
Humberto de Alencar encabeza golpe a Joao Goulart. Inicia dictadura militar
1966
Argentina
Juan Carlos Onganía encabeza derrocamiento de Arturo Umberto Illia
1968
Perú
Juan Velasco Alvarado encabeza golpe contra Fernando Belaúnde Terry
1968
Panamá
Boris Martínez encabeza derrocamiento de Arnulfo Arias. Se crea una Junta Militar
1972
El Salvador
Intento fallido de golpe contra Fidel Sánchez Hernández
1972
Ecuador
Fuerzas Armadas intentan golpe contra José María Velasco Ibarra. Fallan
1973
Uruguay
Juan María Bordaberry encabeza golpe contra la Asamblea General
1973
Chile
La CIA y las Fuerzas Armadas ejecutan golpe contraSalvador Allende. Inicia dictadura militar de Augusto Pinochet
1975
Perú
Francisco Morales encabeza golpe contra Juan Velasco Alvarado
1975
Ecuador
Raúl González Alvear encabeza golpe fallido contra Guillermo Rodríguez Lara
1975
Argentina
Jesús Cappeli encabeza golpe fallido contra María Estela Martínez de Perón
1976
Argentina
Jorge Rafael Videla consuma golpe contra María Estela Martínez de Perón
1979
El Salvador
Carlos Humberto Romero ejecuta golpe mediante fraude electoral y con el apoyo de las Fuerzas Armadas
1980
Bolivia
Golpe de Estado para desconocer resultados electorales
1989
Paraguay
Andrés Rodríguez Pedotti encabeza golpe contra Alfredo Stressner
1992
Perú
Alberto Fujimori y Fuerzas Armadas contra el Congreso
2002
Venezuela
Pedro Carmona encabeza golpe fallido contra Hugo Chávez
2008
Bolivia
Partidos opositores ejecutan golpe fallido contra Evo Morales Ayma
2009
Honduras
Partidos opositores y la CIA consuman golpe contra Manuel Zelaya
2010
Ecuador
Policía Nacional y partidos opositores ejecutan golpe fallido contra Rafael Correa
2014
Argentina
Organismos financieros y partidos opositores ejecutan golpe fallido contra Cristina Fernández de Kirchner
2016
Brasil
Senado y Poder Judicial consuman golpe contra Dilma Rousseff
2019
Bolivia
Fuerzas Armadas y partidos opositores consuman golpe contra Evo Morales Ayma
Aunque el Gobierno de Biden intenta persuadir a los migrantes de que no entren de manera irregular, estos siguen llegando. Datos de la Patrulla Fronteriza indican un incremento en las entradas de los migrantes a EE.UU. El cruce de niños no acompañados subió a más del 60%.
De acuerdo con la OG-6 (2005) del Comité de los Derechos del Niño, son niños/as no acompañados/as las y los menores de edad que están separados de ambos padres y/o la persona que tenga la tutela, y no están al cuidado de un adulto al que, por ley o por costumbre, incumbe esa responsabilidad. Por su parte, la Ley de Migración entiende por niña, niño o adolescente migrante no acompañado a toda persona nacional o extranjera menor de 18 años de edad, que se encuentre en territorio nacional y que no esté acompañado de un familiar consanguíneo o persona que tenga su representación legal.
Washington, 17 mar (EFE).- La llegada a Estados Unidos de centenares de menores inmigrantes -más de 4.000 se encuentran bajo custodia de la Patrulla Fronteriza- se ha convertido en otra prueba de fuego para la administración del presidente Joe Biden y está copando parte del debate político en el país. Como una «angustia humana» más que una crisis han calificado esta situación congresistas republicanos, mientras medios locales alertan sobre el crecimiento exponencial de los registros de ingreso de menores que cruzan sin sus padres o un representante la frontera con México, aunque sin alcanzar las cotas de 2019.
La gente está migrando de Centroamérica con o sin caravanas.
Desde comienzos de 2019 el gobierno de EE.UU. lanzó el llamado Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, según sus siglas en inglés), conocido como «Quédate en México”, que obligó a unas 60.000 personas provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador y México a esperar en territorio mexicano la resolución judicial de sus solicitudes de asilo en Estados Unidos.
Video de DW publicado en 2012. Bolivia tiene los depósitos de litio más grandes del mundo de lo que es una materia prima estratégica.
Publicado: steigan.no – 11. Marzo de 2021 – Trad.: noruego.today – Enlaces electivos inglés/español –
Según encuestas realizadas por la publicación Declassified UK, el gobierno británico apoyó rápidamente al gobierno golpista de Jeanine Añez para asegurar el acceso al «oro blanco» (litio) de Bolivia para las empresas británicas y la Bolsa de Metales de Londres.
Una nueva investigación periodística en profundidad revela los amplios vínculos entre el Ministerio de Relaciones Exteriores británico y el gobierno golpista que derrocó al presidente boliviano Evo Morales en noviembre de 2019, así como los fuertes intereses de Gran Bretaña en explotar los depósitos de litio de Bolivia pocos meses después de que Morales fuera obligado a exiliarse.
El informe revela que la embajada británica en Bolivia cofinanció un proyecto de 2019-20, que buscaba «optimizar la producción de litio y litio de Bolivia (en las salinas de Coipasa y Pastos Grandes) utilizando tecnología británica» poco después de que el régimen de Áñez asumiera el poder.
Bolivia tiene la segunda mayor reserva mundial de litio, un metal que se utiliza para fabricar baterías y que se ha vuelto cada vez más importante debido a la creciente industria del automóvil eléctrico.
El gobierno británico ha declarado que la tecnología de baterías de litio es una prioridad para su «estrategia industrial». En junio de 2019, anunció que había invertido £ 23 millones en «desarrollo de baterías para automóviles eléctricos».
Ha señalado además:
«Se estima que América del Sur tiene el 54% de los recursos de litio del mundo, que son cada vez más demandados para producir baterías para automóviles eléctricos y programas de diversificación energética».
Agregó: «El Reino Unido tiene como objetivo tener una industria de baterías próspera y sostenible que se traducirá en una oportunidad de £ 2.7 mil millones y nuestras asociaciones bilaterales son cruciales para garantizar esto».
Para febrero de 2019, el gobierno de Evo Morales había elegido a un consorcio chino como socio estratégico en un nuevo proyecto de litio de 2.300 millones de dólares que se centraría en la producción de Salar Coipasa y Pastos Grandes que contiene depósitos de sal donde hay grandes cantidades de litio.
Estas minas de sales eran de gran interés para la embajada británica.
Un proyecto cofinanciado de 2019-20 buscó «optimizar la exploración y producción de litio de Bolivia -en Salar Coipasa y Pastos Grandes- utilizando tecnología británica». Después del golpe este proyecto se aceleró rápidamente.
El resumen del proyecto fue aprobado por el principal inversor: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – el 25 de noviembre de 2019, dos semanas después del golpe y días después de la masacre de Senkata. El proyecto recibió la aprobación total para un financiamiento de USD 100,000 unas semanas después, a mediados de diciembre de 2019.
El BID dijo a ‘Declassified’: «La implementación de las actividades y adelantos de capital se lleva a cabo en estrecha coordinación con las autoridades y sus equipos técnicos». En ese momento la «estrecha coordinación» habría sido con el régimen de la proclamada presidente interina Jeanine Áñez.
La Embajada británica en La Paz donó £ 5,000 a este proyecto de litio en 2019-20, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores británico se negó a decirle a ‘Declassified’ si estos fondos se desembolsaron después del golpe de noviembre de 2019.
El objetivo era «diseñar e implementar una aplicación basada en satélites que pueda optimizar la exploración y utilización de grandes y mejores fuentes de litio en Salipa, Coipasa y Pastos Grandes en Bolivia» según se afirma en los documentos.
El ministerio señaló que el proyecto sería implementado por »Satellite Applications Catapult», una organización con sede en Oxford «que ayuda a las organizaciones a aprovechar el poder de los servicios basados en satélites».
Sin embargo, descubrimos que el 19 de diciembre de 2019, dos días después de que el BID dio la aprobación final al proyecto, el ministerio de relaciones exteriores del Reino Unido transfirió £ 33,220 a «Satellite Applications Catapult» en un pago que figura como «consumo del programa».
Seminario internacional.
En marzo de 2020, cuatro meses después del golpe, la embajada británica en La Paz se asoció con el ministerio de minería del régimen para organizar un «seminario internacional» para más de 300 funcionarios mineros mundiales.
La embajada británica contrató a una empresa británica, ‘Watchman’, para que hiciera la presentación principal y describiera las «soluciones creativas» que había puesto en marcha en África para persuadir a las comunidades locales para que se unieran a los proyectos mineros.
Los documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores señalan: «Watchman UK y otras firmas consultoras están ahora haciendo cola para ofrecer servicios en este importante campo a varias compañías mineras bolivianas que desean lograr soluciones beneficiosas para mitigar la oposición de los pueblos y ciudades indígenas en el área».
Watchman es una empresa de gestión de riesgos fundada en 2016 por Christopher Goodwin-Hudson, un veterano del ejército británico, que más tarde se desempeñó como director ejecutivo de Global Security para el banco de inversión Goldman Sachs.
El subdirector de la empresa, Gabriel Carter ha ocupado varios puestos de responsabilidad en la industria de la seguridad privada y en 2012 fundó una empresa de seguridad centrada en Afganistán que «apoyó muchos proyectos de desarrollo británicos y estadounidenses».
Carter, también veterano de la gestión de riesgos en Goldman Sachs, es miembro del Special Forces Club, un club privado exclusivo y secreto para veteranos de las fuerzas especiales y de inteligencia en Knightsbridge, Londres.
ONG ‘Human Rights Watch’ especialista en ‘golpes’.
La ‘presidente interina’ de Bolivia, Jeanine Añez, habla durante una conferencia de prensa en el palacio presidencial el 15 de noviembre de 2019 en La Paz, Bolivia. (Foto: Gaston Brito Miserocchi / Getty Images)
La ONG Human Rights Watch, financiada por Soros y su líder Kenneth Roth se pusieron del lado de los golpistas.
An important step against the disturbing tendency of leaders with diminishing popularity to steal elections to secure a new term: Bolivia's Pres Evo Morales promises new elections after "widespread irregularities" found in the just-concluded one. https://t.co/0vgPCFEC6apic.twitter.com/k9uUd105Z1
Traducción: «Un paso importante contra la inquietante tendencia de los líderes con popularidad decreciente a robar elecciones para asegurar un nuevo mandato: el presidente boliviano Evo Morales promete nuevas elecciones luego de «irregularidades generalizadas» encontradas en la recién concluida elección.
En el Reino Unido, Claire Wordley en Extiction Rebellion se ha mostrado durante mucho tiempo como una propagandista contra Evo Morales y también apoyó a los golpistas.
Antes del golpe la cadena de radio Erbol había filtrado 16 grabaciones de audio que documentaban la cooperación entre la oposición de derecha y la embajada de Estados Unidos en La Paz. Entre los que se mencionan como presentes en las grabaciones de audio se encuentran Marco Rubio, Bob Menendez y Ted Cruz, todos conocidos políticos en Estados Unidos.
Y, por supuesto, el entonces secretario de estado de Estados Unidos, Mike Pompeo apoyó a los golpistas con el ‘rayado’ cuento de «asegurar la credibilidad del sistema electoral».
En un mundo donde el uso de electricidad y baterías se está volviendo cada vez más importante Bolivia tiene un recurso que todos los gigantes energéticos están buscando, a saber, los mayores depósitos de litio del mundo. Estos recursos han sido controlados por el estado boliviano, pero las fuerzas imperialistas necesitaban un gobierno militar de derecha para privatizarlos y dejarlos abiertos a las corporaciones multinacionales, al igual como quieren hacer los golpistas en Venezuela con el petróleo allí.
Afilando los cuchillos para apoderarse del litio.
Producción de litio en Bolivia
En 2016 Bolivia produjo unas 20 toneladas de carbonato de litio. Se espera que la producción se triplique en 2017. La fábrica de litio Planta Llipi sigue siendo un proyecto piloto. Sin embargo, se estima que los recursos de litio de Bolivia se encuentran en el nivel de 9 millones de toneladas (USGS), el más alto del mundo por país individual y el 22% del total mundial. Esto es significativamente más que el segundo y tercer lugar Chile y Argentina, que poseen el 18% y el 16% de los recursos totales globales, respectivamente. El gobierno boliviano afirma que tiene el 70% de las reservas de litio del mundo y la estimación más optimista afirma que hay 140 millones de toneladas de litio en el Salar de Uyuni.
La invasión tuvo lugar el 20 de diciembre de 1989. Se ha intentado dar cuenta de las fatales consecuencias de la invasión estadounidense, pero la escala de los hechos y la confusión de esos años hacen que sea una tarea difícil.
El 20 de diciembre de 1989 Estados Unidos invadió Panamá, en lo que luego se conocería como «Causa Justa». En el operativo participaron 25.000 soldados estadounidenses, además de las tropas que solían estar estacionadas en bases cercanas al Canal de Panamá.
El supuesto objetivo era capturar al entonces presidente Manuel Antonio Noriega, un oficial y político que de ser uno de los socios más leales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración de Control de Drogas (DEA) Noriega pasó a convertirse en uno de los enemigos de Washington.
El conflicto estalló cuando Noriega ordenó que la Escuela de las Américas de Estados Unidos, una academia militar que operaba en Panamá desde 1946, debía abandonar el país. La escuela fue descrita por los conocedores como la «escuela de asesinos y torturadores» en las fuerzas armadas latinoamericanas. Noriega se opuso a la solicitud de EE.UU. de permitir que tropas estadounidenses y nacionales se entrenaran en dicha escuela para combatir a los sandinistas que habían tomado el poder en Nicaragua en 1979.
Después de liderar una campaña de operaciones encubiertas para desestabilizar la nación centroamericana el entonces presidente de Estados Unidos George Bush padre motivó la invasión por cuatro razones al público y prensa internacional : primero: la protección de la vida de los ciudadanos estadounidenses que viven allí; en segundo lugar, la restauración del sistema democrático; tercero, el deseo de asegurar que el canal funcione correctamente; además prometió capturar al general Noriega por sus actividades ilegales y llevarlo a la justicia estadounidense.
Cambio de régimen de panamá. La invasión siguió luego de una extensa ofensiva mediática para calentar y confundir la opinión pública. Había que dar una dura lección para exhibirla al resto de Latinoamérica y el mundo. La anterior invasión ordenada por Reagan había sido a Granada en 1983 y tuvo motivos políticos.
Terrorismo y crímenes de guerra, asesinatos a civiles. Total impunidad…
¿Qué consecuencias tuvo la invasión?
Entre los primeros objetivos que apuntaron los invasores se encontraban las bases militares de las fuerzas de defensa de Panamá, pero los ataques contra estos objetivos tuvieron enormes consecuencias en las áreas civiles aledañas afectadas tanto por las acciones directas de las tropas estadounidenses como por el saqueo posterior.El número de muertos y heridos fue espectacular y varía según las fuentes.
Según datos proporcionados por la Iglesia Católica panameña 655 panameños fueron muertos de los cuales 314 fueron militares y 341 civiles. En cuanto a los heridos, el número asciende a 2007 y de ellos solo 124 militares.
En tanto, el Instituto Panameño de Medicina Legal (IMPL) registró 255 muertes y 93 desapariciones. De estos últimos 39 eran militares y el resto civiles.
El Comité de Derechos Humanos de Panamá, por su parte, contabilizó 556 muertes y 93 desapariciones. Otras organizaciones, como la Asociación de Familias de Caídos estimaron el número de víctimas en alrededor de 4.000 desde el 20 de diciembre de 1989.
En el lado estadounidense el Comando Sur de Estados Unidos informó de 26 muertos y 324 heridos. A pesar de la discrepancia todas las cifras mencionadas como referencia son altas.
Además de las pérdidas humanas esta invasión provocó la destrucción de gran parte de la infraestructura del país dejando a miles de personas sin hogar y obligadas a abandonar sus hogares y buscar refugio en otro lugar.
Aunque la ciudad de Panamá fue la más afectada por esta operación militar también hubo bajas en las ciudades de Colón y Río Hato. Estas áreas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron «arbitrariamente bombardeadas e incendiadas». Otra de las zonas residenciales más afectadas fue El Chorrillo donde vivían más de 30.000 personas en una superficie de unos 20 acres.
-Aquella media noche que separó el 20 con el 21 de diciembre fue la noche más oscura para cualquier panameño. Justo a la medianoche mientras la gente dormía se comenzó a escuchar el ruido de los helicópteros de guerra que sobrevolaban la ciudad de Panamá. Los 26 mil soldados encargados de la invasión fueron atacando de manera estratégica y despiadada. La ciudad se quedo sin luz, fue una total confusión, la gente corría de un lado para otro sin saber que era lo que estaba sucediendo. Las ráfagas de metralla caían sobre las casas sin previo aviso, el cielo estaba rojo y prendieron fuego en diversos puntos de la capital. El barrio más afectado fue el El Chorrillo, donde se encontraba afincado el Cuartel General de la Guardia panameña, incendiado en su gran parte, y donde vivían los habitantes con orígenes afro-descendientes llegados en la época de construcción del Canal y grupos del interior del país que tenían el propósito de estudiar y trabajar.
El elevado número de viviendas y edificios afectados por la invasión muestra que las tropas estadounidenses no se esforzaron por limitarse a objetivos militares y evitar dañar la vida y propiedad de la población civil panameña.
El resultado fue que 18.000 civiles quedaron sin hogar, según denuncia enviada a la CIDH.
A pesar de las promesas de los invasores de compensar el daño causado a los afectados lo cierto es que no ha habido suficiente apoyo para ellos.
Un estudio del Instituto Noruego de Investigaciones Sociales y Empresariales (SNF) enfatizó que en el sector financiero panameño la gran mayoría del dinero es «de origen estadounidense, lo que convierte a Panamá en el mayor paraíso fiscal bajo el control de EE.UU».
Posteriormente miles de empresas multinacionales se instalaron en el país.
Esta realidad contrasta con las cifras de pobreza en Panamá. En las ciudades panameñas de hoy existen grandes rascacielos propiedad de empresas inmobiliarias, pero las casas pobres son de los ciudadanos comunes.
En 1997 el 37,3% de la población vivía en la pobreza, incluido el 18,8% en pobreza extrema. En 2017, la situación no había cambiado mucho, pues según datos de la CEPAL la pobreza se mantuvo en 20,7% más 9,8% en pobreza extrema, es decir, una suma del 30,5%.
Aún hoy no se ha hecho justicia a las miles de víctimas de la invasión de EE.UU. y varios grupos panameños se pronuncian todos los años en esta fecha del 20 de diciembre para marcarlo y exigir justicia.
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